Los eurodiputados socialistas Inmaculada Rodríguez-Piñero y Nicolás González Casares han pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta el impacto en la actividad de 2020 en las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19 en relación al cómputo para la asignación de emisiones de los años 2021 y 2022. A través de una pregunta escrita, recuerdan que la asignación gratuita de derechos de emisión final para cada ejercicio “se calcula con el nivel de actividad promedio correspondiente a los dos años anteriores”.
González Casares, miembro de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, e Inmaculada Rodríguez-Piñero, de la Comisión de Comercio Internacional, han advertido de que el derecho de estado de alarma en España “ha paralizado y restringido la producción de muchas industrias, con lo que la caída de la actividad será acusada durante 2020”. Además, han recordado al Ejecutivo comunitario que “cualquier variación de dichos niveles de actividad superiores al 15% respecto del nivel alcanzado durante el periodo 2014-2018, conlleva un ajuste de la asignación para la industria afectada”.
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