El Pleno del Parlamento Europeo debate sobre la modificación de la Directiva de energías renovables, que será sometida a votación este miércoles
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares, ponente de su partido en la nueva Directiva de energías renovables, defiende la aceleración de los permisos administrativos para impulsar el despliegue de renovables y «alcanzar los objetivos climáticos, contener las facturas de los ciudadanos y ciudadanas e independizarnos de los combustibles fósiles rusos».
Este martes, el Pleno del Parlamento Europeo acogió el debate sobre la revisión de la Directiva energías renovables (REDII por sus siglas en inglés), conocida como RED IV, que forma parte del Plan REPowerEU sobre la aceleración y simplificación de los procesos administrativos para la concesión de permisos a proyectos de energías renovables. Durante su intervención, González Casares ha aludido a la participación social como uno de los ejes fundamentales de esta nueva normativa y, por ello, ha solicitado el apoyo a la enmienda número 6 que mejora la participación ciudadana. «Estas instalaciones deben tener beneficios para las comunidades locales, deben tenerse en cuenta las actividades preexistentes, pero también el potencial laboral e industrial local», apuntó. Al mismo tiempo, incitó a huir del «retardismo» y pidió «frenar algunas de enmiendas presentadas» en esa dirección.
Respecto al impacto medioambiental, el parlamentario llamó a ser rigurosos y cuidadosos: «No debemos confundir aceleración con levantar la protección de los territorios. Eso mellaría la confianza ciudadana, es un riesgo real si no tenemos en cuenta una de las enmiendas presentadas».
«Más renovables significa menos gas ruso, menos fósiles, más compromiso climático, menores precios para los ciudadanos, en definitiva, todos ganamos si hacemos una buena directiva», concluyó González Casares.
¿Qué plantea la nueva Directiva de energías renovables?
La propuesta RED IV recoge varios instrumentos para acelerar y simplificar la concesión de permisos administrativos como la planificación espacial, la identificación de zonas con bajo impacto ambiental, el impulso del autoconsumo, la repotenciación (aumento de capacidad o eficiencia de una instalación de energía renovable) y la escucha activa de todas las partes implicadas.
Dentro de la batería de medidas planteadas destaca el establecimiento de plazos máximos para la concesión de permisos dependiendo de si los proyectos se emplazan en «zonas de aceleración de renovables» o la fijación de plazos más cortos para proyectos de repotenciación o de instalaciones solares en estructuras artificiales. De esta forma, para los proyectos en «zonas de aceleración de renovables» se establece un plazo máximo de 9 meses (en comparación con el año propuesto por la Comisión) y de 6 meses para proyectos de repotenciación o de menos de 150kW. En las iniciativas que estén fuera de «zonas de aceleración de renovables» los plazos se fijan en 18 meses (la Comisión proponía 2 años) y en 1 año para las de repotenciación o de menos de 150kW. Para la instalación de equipos de energía solar en estructuras artificiales, incluidos edificios, el plazo es de 3 meses (como propone la Comisión), el mismo que para la notificación de instalaciones solares por debajo de 50 kW de capacidad.
