Los reguladores y las instituciones europeas hemos pasado demasiado tiempo hablando de la descarbonización como si fuera una carga que debemos asumir para cumplir nuestros compromisos climáticos. Esta visión es equivocada. La descarbonización es una política económica, industrial y de seguridad. Al combatir el cambio climático, podemos promover soluciones europeas soberanas que nos permitan importar menos gas y petróleo, reducir nuestra exposición a las crisis geopolíticas, aprovechar mejor la electricidad renovable producida en Europa y crear nuevas cadenas de valor industriales.
Por tanto, es positivo que la Comisión Europea vuelva a situar la electrificación, las redes eléctricas y el mercado de carbono en el centro de su estrategia económica. A mi juicio, el diagnóstico general es correcto: Europa no será más competitiva retrasando la transición energética, sino acelerándola.
Sin embargo, acertar en el diagnóstico no es suficiente. Cuando examinamos las propuestas concretas sobre el ETS, el plan de Acción para la Electrificación y los peajes de red, encontramos flexibilidades, omisiones y contradicciones que podrían debilitar precisamente las inversiones que Europa necesita. La dirección es correcta. La velocidad y algunos de los instrumentos, no.
Un ETS alineado con 2040, pero con el freno puesto
La Comisión mantiene formalmente el factor lineal de reducción del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión en una trayectoria compatible con el objetivo de reducir las emisiones netas un 90 % de aquí a 2040. Es importante que este objetivo no se ponga en cuestión. Sin embargo, propone reducir del 4,4 % al 3,7 % el ritmo anual al que se retiran derechos de emisión entre 2031 y 2035.
No se trata de un ajuste menor. Supone ralentizar durante cinco años la reducción de los derechos disponibles y podría debilitar, por tanto, la señal económica destinada a incentivar las inversiones industriales en tecnologías limpias. La propuesta intenta hacer dos cosas al mismo tiempo: mantener el objetivo climático en el titular y aliviar la presión regulatoria durante una fase decisiva de la trayectoria.
Esta flexibilidad puede ofrecer cierto margen a las industrias que todavía carecen de alternativas tecnológicas maduras. Pero también corre el riesgo de premiar a quienes han retrasado sus inversiones y penalizar a las empresas pioneras que ya han invertido millones de euros en electrificación, eficiencia, hidrógeno renovable y nuevos procesos productivos, confiando en una trayectoria estable del ETS.
No deberíamos cambiar las reglas cada vez que algunas industrias llegan tarde. La estabilidad regulatoria también significa proteger a quienes hicieron primero sus deberes. La flexibilidad debe ser sectorial, temporal y estar justificada por la ausencia real de alternativas. No puede convertirse en una reducción generalizada de la ambición.
Créditos internacionales: descarbonizar fuera no puede sustituir la inversión en Europa
La Comisión también abre la posibilidad de utilizar créditos internacionales de carbono equivalentes a hasta un 2 % entre 2036 y 2040. En mi opinión, este es uno de los elementos más problemáticos de la propuesta. Los créditos internacionales pueden desempeñar un papel limitado en la cooperación climática mundial, pero no deben convertirse en un sustituto de las reducciones reales de emisiones dentro de Europa. Cada euro gastado en compensaciones externas es un euro que no se invierte en modernizar una fábrica europea, desplegar almacenamiento, electrificar el calor industrial o crear empleo industrial limpio.
También persisten dudas sobre la adicionalidad, la permanencia y la integridad ambiental de muchos proyectos internacionales. Una reducción registrada sobre el papel no siempre equivale a una tonelada de CO₂ que realmente se haya evitado emitir a la atmósfera. En una fase crucial de la transición energética, entre 2036 y 2040, Europa debería reforzar la inversión interna en lugar de buscar atajos contables. Considero que este porcentaje debería reducirse y quedar sometido a criterios de integridad extremadamente estrictos, que todavía están por definir. La finalidad del ETS no es únicamente alcanzar una determinada cifra europea de emisiones. También debe transformar nuestra base industrial.
Las asignaciones gratuitas no pueden seguir concediéndose sobre la base de promesas
La Comisión propone condicionar la asignación gratuita de derechos de emisión a la presentación de planes industriales de descarbonización. Esto supone una mejora respecto a la situación actual, en la que demasiadas asignaciones gratuitas han funcionado como cheques en blanco sin resultados suficientemente verificables.
De acuerdo con la propuesta, el 80 % de los derechos gratuitos se concedería después de que las empresas publiquen sus planes de inversión, mientras que el 20 % restante se otorgaría una vez que esos planes hayan sido ejecutados y se hayan demostrado las consiguientes reducciones de emisiones.
El principio es correcto, pero el equilibrio es demasiado generoso. Cuatro quintas partes de la ayuda seguirían vinculadas principalmente a la presentación de un plan, en lugar de a resultados reales. Publicar una estrategia no es lo mismo que transformar una instalación industrial.
Una proporción mucho mayor de las asignaciones gratuitas debería estar condicionada a inversiones completadas, hitos tecnológicos verificables y reducciones reales de emisiones. Los Estados miembros serán responsables de supervisar el proceso, pero también serán necesarios criterios europeos comunes para evitar la aparición de 27 sistemas de verificación diferentes, con niveles de control desiguales. Apoyar a la industria europea es esencial. Financiar la inacción, no.
¿Por qué solamente el 50 % de los ingresos del ETS?
La Comisión propone exigir a los Estados miembros que destinen al menos el 50 % de sus ingresos procedentes del ETS a nuevas inversiones de descarbonización en los sectores afectados. Vincular los ingresos del mercado de carbono con la transformación industrial es positivo. Pero surge una pregunta evidente: ¿por qué solamente el 50 %?
Los ingresos del ETS deberían utilizarse principalmente para acelerar la reducción de emisiones, apoyar la innovación, reducir los costes iniciales de la electrificación y acompañar a los trabajadores, los hogares y las regiones afectados por la transición. Debe existir una dimensión social clara, pero no se puede permitir que estos fondos financien infraestructuras de combustibles fósiles, prolonguen la vida útil de activos contaminantes o paguen medidas que se habrían aplicado de todas formas.
La propuesta necesita salvaguardias estrictas contra el greenwashing y una exclusión explícita de las nuevas inversiones en combustibles fósiles. No todo proyecto etiquetado como parte de la «transición» contribuye realmente a abandonar el gas, el petróleo o el carbón.
Apoyo a los sectores sin alternativas, pero no una prórroga indefinida
La introducción de mecanismos sectoriales de respaldo después de 2030 puede resultar útil para las industrias estratégicas que todavía carecen de tecnologías comercialmente viables. La industria cerámica constituye un claro ejemplo, dada la dificultad de sustituir determinados procesos térmicos de alta temperatura.
Sin embargo, estos mecanismos deben estar sujetos a condiciones claras: ausencia demostrada de alternativas, obligación de invertir, revisiones periódicas y una fecha final definida.
Las ayudas deben contribuir a que surjan alternativas, no a perpetuar su ausencia.
También es razonable ampliar el ETS a la incineración de residuos para fomentar la prevención, el reciclaje y la circularidad. No obstante, esta ampliación debe diseñarse de manera que no incentive la exportación de residuos ni imponga costes desproporcionados a los municipios sin proporcionarles alternativas para mejorar sus sistemas de gestión de residuos.
Doscientos cincuenta millones de absorciones: ¿estamos yendo demasiado lejos?
La propuesta de incorporar hasta 250 millones de derechos vinculados a absorciones permanentes de carbono mediante tecnologías como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono —BioCCS— y la captura directa de carbono del aire con almacenamiento —DACCS— resulta especialmente preocupante.
Estas tecnologías pueden ser necesarias para compensar emisiones residuales realmente inevitables. Sin embargo, siguen siendo extremadamente costosas, consumen grandes cantidades de energía y todavía no se han desplegado a una escala ni remotamente próxima a la prevista en la propuesta.
A mi juicio, introducir prematuramente un volumen tan elevado podría reducir la presión para recortar las emisiones en origen y crear expectativas artificiales en torno a soluciones que siguen siendo caras y que no han sido suficientemente probadas.
Primero debemos dejar de emitir todo aquello que sea tecnológica y económicamente posible eliminar. Las absorciones de carbono deben reservarse para las emisiones que realmente no puedan evitarse. Además, el mecanismo debería limitarse a absorciones verificables y geológicamente permanentes. Las opciones cuya permanencia sea incierta o reversible, incluidas determinadas formas de biocarbón, no deberían incluirse bajo una categoría amplia de absorciones de carbono.
Una tonelada de carbono capturada durante unas décadas no puede tratarse como equivalente a una tonelada de carbono fósil almacenada bajo tierra durante millones de años.
Duplicar la electrificación para dejar de pagar la factura de los combustibles fósiles
El Plan de Acción para la Electrificación parte de un hecho incontestable: la dependencia europea de los combustibles fósiles importados perjudica nuestra competitividad y nos deja expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales. Actualmente, la electricidad representa aproximadamente el 23 % del consumo final de energía de Europa.
La Comisión propone aumentar este porcentaje hasta el 46 % en 2040 y calcula que alcanzar este objetivo podría permitir ahorrar hasta 260.000 millones de euros anuales en importaciones de combustibles fósiles.
Se trata de una enorme oportunidad económica. Cientos de miles de millones de euros que Europa transfiere actualmente cada año a terceros países podrían permanecer dentro de nuestra economía, financiando generación renovable, redes, almacenamiento, industria y empleo.
La electrificación también implica utilizar la energía de manera más eficiente. Según la Comisión, conducir un vehículo eléctrico puede resultar hasta un 78 % más barato que utilizar un vehículo equivalente con motor de combustión, mientras que sustituir una caldera de gas por una bomba de calor puede reducir hasta un 60 % los costes de calefacción de un hogar europeo medio.
La electrificación no consiste simplemente en sustituir una fuente de energía por otra. Significa utilizar menos energía para prestar el mismo servicio.
Un objetivo del 46 % que no puede seguir siendo una recomendación
El objetivo de electrificación del 46 % es ambicioso, pero solamente tiene carácter indicativo. Después de reconocer que la electrificación es esencial para la competitividad, la seguridad energética y la descarbonización, la Comisión evita otorgar fuerza jurídica al objetivo.
Esta incoherencia debe corregirse en el marco europeo de gobernanza energética y climática posterior a 2030. Un objetivo meramente indicativo puede desaparecer cuando cambien las prioridades políticas nacionales. Un objetivo vinculante obliga a los gobiernos a planificar inversiones, adaptar las redes, movilizar financiación y rendir cuentas.
La electrificación también debe combinarse con objetivos más ambiciosos en materia de energías renovables y eficiencia energética dentro del marco de gobernanza posterior a 2030. Electrificar sin desplegar suficiente capacidad renovable podría incrementar el uso de gas en la generación de electricidad y sustituir una forma de dependencia fósil por otra.
Por ello, resulta preocupante que el texto final haya eliminado el objetivo, incluido en borradores anteriores, de añadir 100 GW de nueva capacidad renovable cada año hasta 2030. Europa no puede prometer que se convertirá en un continente eléctrico mientras elimina una referencia concreta al volumen de generación limpia necesario para alimentarlo.
El almacenamiento no es un complemento opcional: es una infraestructura estratégica
La Comisión propone alcanzar 200 GW de capacidad de almacenamiento energético en 2030, frente a los aproximadamente 55 GW actuales. Se trata de un incremento sustancial y necesario.
Sin embargo, casi cuadruplicar la capacidad en apenas unos años requerirá objetivos nacionales, mecanismos de remuneración, reglas claras para los mercados de capacidad, procedimientos de conexión más rápidos y una estrategia industrial europea para las baterías y otras tecnologías de almacenamiento. Sin almacenamiento, la electricidad renovable se desperdicia cuando la oferta supera la demanda, mientras que el gas entra en el sistema cuando disminuye la producción renovable.
Sin flexibilidad, las redes se congestionan y aumentan los costes. Sin señales estables de inversión, los proyectos no pueden obtener financiación. El objetivo de 200 GW no puede ser simplemente otra cifra atractiva dentro de una comunicación de la Comisión. Necesita los instrumentos jurídicos y económicos necesarios para hacerlo realidad.
Menor ambición en bombas de calor
El plan acierta al promover las bombas de calor, los sistemas de recarga inteligente, los modelos de vehículo a red y los programas de leasing social para vehículos eléctricos, paneles solares, baterías y equipos de calefacción y refrigeración.
Estas medidas pueden democratizar el acceso a las tecnologías limpias y evitar que la transición quede reservada a quienes pueden afrontar una elevada inversión inicial. Sin embargo, el texto final ha reducido el objetivo de despliegue de bombas de calor desde los 4,8 millones de unidades previstos en borradores anteriores hasta cuatro millones en 2030.
También ha desaparecido la obligación de instalar bombas de calor en los edificios públicos. Este retroceso resulta difícil de justificar. Los edificios públicos deberían situarse a la vanguardia de la transición. Sustituir los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por alternativas eléctricas eficientes reduce las emisiones, disminuye el consumo energético y ahorra recursos públicos a largo plazo. La Comisión no puede pedir a los hogares que electrifiquen su calefacción mientras evita imponer el mismo esfuerzo a las administraciones públicas.
A mi juicio, revisar el Factor de Energía Primaria es una prioridad y debería adelantarse todo lo posible respecto a la fecha actualmente prevista, a finales de 2026. La metodología vigente puede presentar artificialmente la electricidad como menos eficiente que los combustibles fósiles, incluso cuando una bomba de calor produce varias unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida. Mantener esta distorsión retrasa las inversiones y contradice los propios objetivos del plan.
Peajes de red: recompensar la flexibilidad, no repartir descuentos
La reforma de los peajes de red contiene elementos positivos. Los consumidores que adapten su demanda, instalen almacenamiento, reduzcan la congestión o proporcionen flexibilidad generan ahorros para todo el sistema y deberían ser compensados por ello.
Sin embargo, los regímenes especiales para las industrias intensivas en energía, los centros de datos y otros grandes consumidores generan un riesgo evidente: algunos Estados miembros podrían utilizar tarifas reducidas como subvenciones encubiertas sin imponer obligaciones significativas.
Un centro de datos que consuma electricidad durante los periodos de máxima tensión del sistema, no instale almacenamiento, no adapte su demanda y obligue a ampliar la red no debería recibir el mismo trato que otro que aporte flexibilidad y generación renovable adicional. Las tarifas deben reflejar el impacto real de cada usuario sobre el sistema, sea positivo o negativo.
Los descuentos deben estar condicionados a la eficiencia, la flexibilidad, la gestión de la demanda y las inversiones verificables. De lo contrario, los costes acabarán trasladándose a los hogares y a las pequeñas empresas.
También es positivo aspirar a que al menos el 75 % de los consumidores europeos disponga de contadores inteligentes en 2033. España, con una penetración aproximada del 99 %, demuestra que esta digitalización es posible y debería servir de referencia para otros Estados miembros.
La fiscalidad no puede penalizar la electricidad limpia
En muchos Estados miembros, la electricidad continúa soportando impuestos y cargas superiores a los del gas.
La propia Comisión reconoce que la electricidad puede llegar a costar hasta tres veces más que el gas, una diferencia que desincentiva la electrificación incluso cuando las tecnologías eléctricas son mucho más eficientes energéticamente. Esta situación es absurda.
No se puede pedir a los hogares que sustituyan sus calderas mientras el sistema fiscal favorece los combustibles fósiles. No se puede exigir a las industrias que electrifiquen sus procesos mientras la fiscalidad penaliza la electricidad limpia frente al gas importado.
La propuesta de animar a los Estados miembros a reducir la carga fiscal de la electricidad en relación con el gas es necesaria, pero debe contar con suficiente fuerza jurídica. Si sigue siendo una mera recomendación, algunos países continuarán utilizando las facturas eléctricas como instrumento recaudatorio y financiando políticas públicas mediante la imposición de costes a quienes se electrifican.
La dirección correcta no compensa una ambición insuficiente
Con esta propuesta, considero que la Comisión Europea ha comprendido que descarbonizar, electrificar y reforzar las redes eléctricas es esencial para la economía europea. Supone un cambio de rumbo positivo frente a quienes intentan presentar el Pacto Verde Europeo como la causa de nuestros problemas industriales. Europa no está perdiendo competitividad porque tenga objetivos climáticos.
Está perdiendo competitividad porque importa combustibles fósiles caros, depende de tecnologías extranjeras, mantiene redes eléctricas insuficientes, grava excesivamente la electricidad y reacciona con demasiada lentitud ante los cambios tecnológicos. Sin embargo, considero que estas propuestas todavía contienen demasiados atajos: reducir del 4,4 % al 3,7 % el ritmo anual de retirada de derechos del ETS debilita la señal de inversión, mientras que mantener el objetivo de electrificación como meramente indicativo socava su credibilidad.
A mi juicio, la Comisión ha entendido razonablemente bien el mensaje, pese a haber rebajado el nivel de ambición, que es el aspecto que menos me gusta. Veremos ahora si el Parlamento Europeo es capaz de mejorar la propuesta.
Y también veremos si aquello que la Comisión ha entendido acaba siendo comprendido por esos grupos políticos que todavía parecen incapaces de decidir dónde se sitúan en este debate y continúan desplazándose de una posición a otra.
