Casares y los alcaldes de Boiro y A Pobra reclaman salvaguardias para proteger al sector conservero gallego de la competencia desleal

El eurodiputado y los alcaldes se reúnen en Bruselas para abordar las negociaciones
de los acuerdos de libre comercio con el Sudeste asiático

El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares y los alcaldes de Boiro, José
Ramón Romero ‘Martiño’, y de A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, reclamaron esta
mañana desde Bruselas medidas de salvaguardia para proteger al sector conservero
gallego en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con el Sudeste asiático.


Durante el encuentro, analizaron el impacto que los acuerdos con países como Filipinas,
Indonesia y Tailandia pueden tener en el sector de la conserva, especialmente de la
conserva de atún. Los representantes socialistas coincidieron en la necesidad de instar
a la Comisión Europea a proteger los miles de empleos y el futuro de comarcas costeras
enteras que dependen de “un sector clave para la soberanía alimentaria europea” y que
no puede ser utilizado como “moneda de cambio” en estas negociaciones.

El eurodiputado y los alcaldes mostraron su preocupación por el impacto acumulado de
los acuerdos comerciales con Filipinas, el recientemente alcanzado con Indonesia, y los
que se están negociando con otros países como Tailandia, y reclamaron medidas de
salvaguardia para impedir un impacto negativo en el sector gallego de la conserva.

Asimismo, criticaron la falta de atención de la Comisión Europea a las repercusiones que
estos acuerdos pueden tener en el sector de la conserva de atún, teniendo en cuenta el
peso de estos países en la industria atunera mundial. Tailandia es uno de los principales
productores de conservas de atún, Indonesia destaca por su volumen de capturas y
Filipinas ocupa también una posición relevante tanto en la pesca como en la producción
conservera.


Por último, instaron a la Comisión a combatir la competencia desleal derivada de las
diferencias en las condiciones de producción, entre ellas la falta de ratificación de
determinados convenios internacionales fundamentales en materia laboral, la
aplicación de estándares sociales y ambientales menos exigentes y la existencia de
prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada