La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) sobre la contaminación del embalse de As Conchas (Ourense) representa un hito legal con importantes implicaciones para la salud planetaria, no solo a nivel gallego o español, sino también con un claro alcance europeo. Por primera vez en España, una resolución judicial reconoce que la contaminación generada por la ganadería intensiva descontrolada puede vulnerar derechos fundamentales al degradar un recurso básico como el agua, y por tanto, dañar la salud humana a distancia. Desde la perspectiva de la Salud Planetaria, esta sentencia resulta especialmente relevante: vincula directamente la superación de los límites ecológicos —en este caso, el exceso de nutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo (P)— con la protección de la salud pública.
En la comarca de A Limia, una densidad extraordinaria de explotaciones porcinas y avícolas ha provocado durante años el vertido de toneladas de nitrógeno y fósforo al medio, superando la capacidad natural de absorción del entorno. Aunque las explotaciones pasan por un proceso de evaluación de impacto ambiental, es evidente que este no ha sido correctamente realizado, y desde luego no se ha considerado el impacto acumulado que producen todas las explotaciones en conjunto en un área limitada. Esto ya fue señalado por el TSXG en otra sentencia relativamente reciente, del año 2021, sobre la declaración de impacto ambiental de una explotación avícola en la zona de A Limia.
El embalse de As Conchas lleva más de una década sufriendo episodios recurrentes de contaminación que han convertido sus aguas en un problema sanitario y ambiental. La sentencia del TSXG declara que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, en conexión con el acceso al agua limpia y a un medio ambiente saludable. El tribunal atribuye esta violación al fracaso de las administraciones —la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS)— por no haber actuado pese a conocer la gravedad de la situación. En particular, la resolución subraya que la proliferación de más de 300 macrogranjas en la comarca (cuya licencia es competencia de la administración autonómica), sin control efectivo de sus residuos, fue la causa directa de la contaminación del embalse, lo que vulneró los derechos fundamentales de las vecinas y vecinos afectados. Este reconocimiento judicial es inédito en la defensa de una salud planetaria con alcance legal. Hasta ahora, los impactos de la ganadería industrial se consideraban un asunto de políticas ambientales, pero el TSXG afirma que también constituyen una cuestión de derechos humanos vulnerados. En palabras de la propia sentencia, se trata de una decisión “histórica” que representa un paso crucial hacia el reconocimiento de que los devastadores impactos de una ganadería industrial descontrolada no son solo una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos por la afectación al derecho a la salud.
Cabe destacar en esta sentencia la perseverancia y el valor de las personas vecinas de As Conchas que, apoyadas por las ONG ecologistas Amigos da Terra y ClientEarth, y alarmadas por la insostenible degradación del embalse, interpusieron esta demanda. Para el TSXG, el problema tiene un origen claro: los vertidos de purines, desatendidos y sin control, y otros residuos agroganaderos producidos en las explotaciones de A Limia, ricos en nitrógeno y fósforo, llegaron a los ríos y acabaron acumulándose en el embalse de As Conchas. Este exceso de nutrientes provocó la aparición repetida de floraciones masivas de cianobacterias y algas (los denominados blooms), que tiñen de verde las aguas y generan un hedor nauseabundo.
El riesgo para la salud humana derivado de esta situación quedó demostrado en el juicio, según el alto tribunal gallego. Estas floraciones de cianobacterias liberan toxinas y favorecen la multiplicación de bacterias en el agua, algunas de ellas con efectos perjudiciales para la salud humana. Una de las pruebas presentadas en el caso reveló cifras alarmantes: hasta 97 millones de bacterias potencialmente peligrosas por litro, persistiendo durante todo el año gracias a las condiciones óptimas de este embalse contaminado. Entre ellas se detectaron cepas resistentes a antibióticos, un hallazgo grave en términos sanitarios que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con la crisis mundial de resistencias microbianas.
El caso de As Conchas fue posible gracias a la perseverancia de sus habitantes y al apoyo de las organizaciones ecologistas frente a la resistencia de las administraciones, fundamentalmente la autonómica, que es quien debe controlar y poner coto al origen del problema, pero también de la estatal, por no ejecutar sus responsabilidades de control del embalse. Siete vecinos presentaron la denuncia inicial —apoyados legalmente por ClientEarth y Amigos da Terra— y finalmente el TSXG les dio la razón, sentando un precedente de gran alcance que abre camino a otras comunidades rurales afectadas por la contaminación agrícola. Por ejemplo, desde Amigos da Terra calificaron el veredicto como “una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial”, expresando su esperanza en la “nueva vía que se abre para todas las comunidades afectadas por la contaminación procedente de las macrogranjas”, lo que constituye una clara advertencia de lo que puede ocurrir en otros lugares afectados por esta actividad intensiva cuando se descontrola.
La sentencia condenatoria obliga tanto a la Xunta de Galicia como al Estado (CHMS) a actuar de inmediato. En concreto, el tribunal ordena “adoptar de inmediato todas las medidas necesarias” para eliminar los malos olores y la degradación ambiental del embalse, garantizando el suministro de agua potable limpia y segura para la población. Asimismo, impone una moratoria en la concesión de nuevas licencias o ampliaciones de explotaciones ganaderas en la comarca hasta que se revierta la situación. Entre otras medidas, la Xunta y la Confederación deberán implementar sistemas de vigilancia permanente de la calidad del agua, controles periódicos de pozos, información transparente a la población y, si fuera necesario, suministro alternativo (camiones cisterna) si el agua no es apta para el consumo. También se ordena realizar estudios epidemiológicos en la zona para evaluar los efectos de la contaminación en la salud de las personas habitantes.
La sentencia pone de manifiesto también las deficiencias previas en la gestión de residuos ganaderos. La resolución detalla que la administración autonómica permitió la expansión de las macrogranjas sin asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos. Los excedentes de purín acababan esparcidos en lugares no controlados, sin evaluar la presencia de fármacos veterinarios, lo que saturó el suelo por encima de su capacidad de absorción y contribuyó a la aparición de bacterias resistentes.
Un aspecto clave subrayado por este caso es el retraso en la aplicación de la normativa europea de protección de las aguas frente a los nitratos. La Directiva sobre nitratos obliga a las regiones a identificar y designar “zonas vulnerables” a la contaminación por nitratos de origen agrario. Galicia, sin embargo, no había declarado aún ninguna zona vulnerable en A Limia a pesar de la contaminación crónica. Solo inició el proceso a partir de que el Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de 2022 obligara a las comunidades autónomas a declarar zonas vulnerables. Solo después de la sentencia, hace apenas unos días y ya fuera del plazo correspondiente, la Xunta anunció que finalmente iniciará los trámites para regular estas zonas especiales.
Por lo tanto, la sentencia del embalse de As Conchas supone un precedente histórico que combina ciencia ambiental y derecho, y se refiere a las bases de la Salud Planetaria: reconoce legalmente que sobrepasar los límites planetarios de nitrógeno y fósforo tiene consecuencias directas sobre la salud humana y obliga a las autoridades a actuar en consecuencia. Sin duda, este fallo tiene un gran alcance y podría marcar el camino para futuros litigios ambientales, empoderando a otras comunidades afectadas por la contaminación agrícola y reforzando la idea de que proteger la salud del planeta es también proteger la salud y los derechos de las personas.
Por mi parte como eurodiputado, además de estudioso en la disciplina de la Salud Planetaria, he presentado una pregunta escrita a la Comisión Europea que ya fue respondida por la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, quien informó que la Comisión “adoptará todas las medidas necesarias dentro de sus competencias” para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en este caso.
Mi siguiente paso, desde mi labor parlamentaria, será advertir a la Comisión Europea sobre esta sentencia y hacérsela llegar a la comisaria para que realice un seguimiento detallado de este asunto y se tomen las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la regulación europea, más concretamente de la Directiva Marco del Agua, de la Directiva sobre nitratos y también del cumplimiento de la evaluación ambiental de los proyectos agrarios. Del mismo modo, este asunto presenta complejidades y situaciones novedosas en el ámbito legal que lo hacen muy interesante para su debate en el seno del Parlamento Europeo.
