El eurodiputado pregunta al órgano ejecutivo si va a adoptar alguna medida frente a la autorización de la Xunta de Galicia al vertido de aguas residuales
La Comisión Europea ha destinado casi siete millones de euros a la Mina de San Finx, en Lousame, a través del proyecto NEXT de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para el periodo 2014-2020. El apoyo a esta mina de wolframio radica en la necesidad de autosuficiencia europea respecto a este material, de difícil sustitución y muy importante para la transición energética.
Entre las acciones contempladas en esta iniciativa se incluye la toma de muestras en el quinto nivel de la mina, abierto sin evaluación de impacto ambiental. Según la información disponible, el agua que inundaba esta planta fue bombeada ilegalmente y vertida al río hasta la finalización del proyecto, en 2020. Por lo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares insta a la Comisión a ser transparente con las actividades que se desarrollan en la mina. El Defensor del Pueblo Europeo ya solicitó esta información el pasado mes de noviembre, cuando se sometió a exposición pública el proyecto de recuperación ambiental para la depuración de las aguas residuales de la mina, sin que la Comisión le diera respuesta.
En esta línea, la Xunta de Galicia autorizó recientemente, a través de Augas de Galicia, el vertido de más de un millón y medio de litros de aguas residuales que afectarán a la ría de Muros y Noia. Con una alta concentración de metales pesados como cadmio, cobre y zinc podrían dañar enormemente la flora y la fauna de la zona, en la que se haya uno de los bancos de berberechos más importantes del mundo. «Siempre se debe evaluar bien el impacto, como en este caso el riesgo para el banco marisquero, y, desde luego, ser transparentes», incide Casares, que vuelve dirigirse a la Comisión para saber si va a adoptar alguna medida ante la decisión de la Xunta, a la que también le pide transparencia al respecto.
