Viene siendo continuo asunto de debate en Galicia el despliegue de los proyectos renovables de energía eólica. Este mismo periódico lleva semanas informando de las vicisitudes de los diferentes proyectos en cuanto a su tramitación administrativa. En ocasiones, por algunas de las partes interesadas se llegan a mencionar las obligaciones con la UE, como ha hecho la administración de la Xunta en su proyecto de presupuestos para el 2024, escudándose en el tan manido «Europa obliga» que es usado por políticos de diferentes colores cuando quieren escamotear sus propias responsabilidades.
En Galicia, la tramitación administrativa de los proyectos que debe evaluar la Xunta (aquellos que están por debajo de los 50 MW de potencia instalada) ha sido lenta y mal planificada, con pasitos adelante y atrás, moratoria incluida, que no tienen más motivación que los intereses electorales de cada momento y no obedecen a la necesidad de resolver un despliegue ordenado, continuo, garantista y planificado de energía limpia y asequible producida aquí, que suponga además una necesaria contribución al mantenimiento y a la atracción de industria en Galicia.
Pero volvamos al plano de la legislación europea. A finales de octubre se publicaba en el Diario Oficial de la UE la nueva Directiva de Energías Renovables, una revisión legislativa en la que he participado como ponente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo con objetivos claros: los efectos del cambio climático ya se perciben claramente en la UE, tenemos un compromiso europeo de emisiones neutras para el 2050 y una alta dependencia de combustibles fósiles que compramos a terceros países, algunos de los cuales ni son respetuosos con los derechos humanos ni con la situación del planeta. Por lo tanto, más renovables suponen más energía limpia, menor dependencia y una reducción de la volatilidad de los precios energéticos. Este nuevo texto legislativo contiene importantes novedades para fomentar la planificación espacial del despliegue renovable, la agilización de la tramitación administrativa y la necesaria participación de la ciudadanía de los territorios afectados.
En mayo del 2025, los estados miembros deberán presentar un mapeo del despliegue renovable y para febrero del 2026 deberán designar las «áreas de aceleración» de bajo impacto para el despliegue de estas energías, excluyendo de esas áreas los espacios de Red Natura 2000 y otras figuras de protección de ámbito nacional. Las previsiones son bastante claras en cuanto a la necesidad de agilización de los trámites administrativos, que son el cuello de botella fundamental, con una media de demora para la obtención de los permisos de diez años en la UE, por lo que el caso de Galicia no es excepcional . De tal manera que, por ejemplo, un nuevo proyecto situado en una de esas «áreas de aceleración» deberá obtener sus permisos en el tiempo máximo de un año y de dos años si se trata de eólica offshore. Pero hasta que esa planificación suceda, y por la necesidad de impulsar la autonomía energética europea, se mantiene la discutida figura, ya vigente en la legislación de urgencia aprobada durante la crisis de precios energéticos, de los proyectos de «interés público superior» que los estados miembros pueden modular.
La situación que se observaba en Galicia inspiró propuestas que presentamos en el proceso legislativo y que finalmente se incluyeron en la directiva para mejorar lo relativo a la aceptación pública y a la participación ciudadana. Así, se acordó un nuevo artículo en el que se recoge la garantía de participación pública en la elaboración de la planificación territorial, en concreto de las mencionadas «áreas de aceleración», que deberá incluir la identificación del público afectado o que pueda verse afectado; además, las administraciones deberán promover la aceptación pública de las renovables a través de la participación directa o indirecta en los proyectos de las comunidades locales, fomentando de esta manera la contribución de las renovables a la economía de los territorios en los que se implanten.
Por lo tanto, la legislación europea busca simplificar los permisos por las vías de la planificación territorial y de la simplificación administrativa, sin olvidar la necesaria aceptación ciudadana. Bien harían todas las administraciones, incluida la autonómica, en tomar nota de lo que viene, ponerse manos a la obra y cambiar los constantes lamentos o elevaciones de culpa por proactividad para que Galicia pueda sacar el máximo partido a su potencial de energía limpia, con garantías para la protección de los valores del territorio y como una de las bases de un desarrollo industrial que será posible si realmente se cree en la necesidad de más empleo productivo, innovador y de futuro para nuestra tierra. Pero para eso hay que explicarlo y no esconderse detrás de los molinos.
Artículo publicado por La Voz de Galicia el 10.11.2023
