El informe de impacto revela graves pérdidas para la flota gallega y aumento de costes operativos
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha pedido a la Comisión Europea que "compense a los más afectados por el cierre de zonas de pesca a las artes de contacto de fondo", después de que el comité científico (STECF) de la propia Comisión haya publicado su informe sobre el impacto socioeconómico del cierre de 87 zonas decretado por la Comisión en 2022.
"Las conclusiones son muy claras: en España, 16% menos de días de pesca, 20% menos desembarcos y 11% menos en valor económico. Lo habíamos advertido. Sabíamos que sería muy perjudicial para los puertos pesqueros, pero la Comisión lo puso en marcha sin analizar siquiera el impacto socioeconómico. Esto no puede volver a ocurrir nunca más", ha señalado González Casares, miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, quien desde la propuesta inicial de la Comisión advirtió del impacto que tendría en el sector y de la necesidad de retirarla.
“El daño es gravísimo sobre todo para Galicia y por eso pedimos compensaciones para los afectados”, reclama el eurodiputado. El informe constata que, de los 67 palangreros afectados, el 52,9% pertenece a Burela y Celeiro (Lugo), lo que representa el 94,7% y el 90%, respectivamente, de la flota de estos puertos. En el caso de los buques con artes de enmalle, el 45,8% de los afectados se concentra en Cedeira (A Coruña) y Celeiro. Además, el 90% de la flota de arrastre de fondo del puerto de Ribeira (A Coruña) podría verse afectada.
El comité científico advierte también de la pérdida de zonas de pesca, el aumento de costes operativos e impactos en los puertos locales, y recomienda que “cualquier solución a largo plazo proteja tanto los ecosistemas vulnerables como a las comunidades que han pescado de forma sostenible en estas aguas”.
"La Comisión Europea tiene que cumplir las recomendaciones de su comité científico, y retirar o modificar esta norma cuanto antes y compensar a los perjudicados", ha concluido González Casares, quien se ha mostrado confiado en que, si no lo hace la Comisión, lo haga el Tribunal de Justicia de la UE gracias al recurso presentado por el Gobierno de España contra el reglamento comunitario.
