El eurodiputado socialista plantea en el Parlamento Europeo un marco jurídico que garantiza que ningún órgano destinado a trasplante pueda ser tratado como un medicamento o un bien comercial, por avanzada que sea la tecnología aplicada
El eurodiputado español Nicolás González Casares (S&D), ha presentado 16 enmiendas a la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que actualiza las normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplante (Directiva 2010/53/UE). Las enmiendas, registradas el 3 de septiembre ante las comisiones de Medioambiente, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y de Salud Pública del Parlamento Europeo, buscan garantizar que las nuevas técnicas de “procesamiento” de órganos —como la terapia génica o las técnicas de reparación celular— no abran la puerta, ni siquiera de forma indirecta, a la comercialización del cuerpo humano.
La propuesta de la Comisión, presentada el pasado diciembre dentro del paquete de la Ley Europea de Biotecnología, reconoce por primera vez a nivel europeo que los órganos pueden someterse a procesos de mejora o mantenimiento de su función antes del trasplante. González Casares considera que, tal y como estaba redactada, la propuesta no ofrecía garantías suficientes de que estos órganos procesados permanecieran siempre dentro del sistema de donación altruista, sin riesgo de acabar tratados, a efectos regulatorios, como si fueran un medicamento.
“La ciencia avanza y debemos acompañarla, pero no podemos permitir que el progreso tecnológico se convierta en una vía indirecta hacia la mercantilización del cuerpo humano. Un órgano donado sigue siendo un órgano donado, se aplique la tecnología que se aplique”, ha declarado González Casares. “Nuestras enmiendas dejan claro que la donación seguirá siendo voluntaria, altruista y ajena a cualquier lógica de mercado”.
Entre las principales novedades que incorporan las enmiendas destaca la creación de una “autorización de uso” específica para los medicamentos desarrollados para el procesamiento de órganos, distinta de la autorización de comercialización ordinaria, que deberá concederla la autoridad de trasplantes junto con la autoridad de medicamentos de cada país. Las enmiendas también establecen que la remuneración de las empresas que presten estos servicios tecnológicos se limitará a los costes reales del servicio, sin que en ningún caso pueda generarse un beneficio económico vinculado al propio órgano, y que estas empresas podrán ser propietarias de la tecnología empleada, pero nunca del órgano procesado.
Asimismo, se refuerza el principio de que ningún órgano procesado podrá seguir una vía de acceso distinta de la asignación ordinaria por criterios médicos y sociales, evitando así que se cree una doble vía —una altruista y otra de acceso privilegiado mediante tecnología— que pudiera minar la confianza pública en la donación.
El eurodiputado ha subrayado que “la confianza social en la donación de órganos es un activo que ha costado décadas construir en toda Europa, y no podemos permitírnoslo poner en riesgo. Estas enmiendas garantizan que la innovación beneficie a los pacientes en listas de espera sin alterar los principios que sostienen nuestro sistema de trasplantes”.
Las enmiendas se negocian actualmente en el seno de las comisiones parlamentarias competentes, bajo la ponencia de Marta Temido y Adam Jarubas, en un proceso de enmiendas de compromiso previo a la votación en comisión. Posteriormente, el Parlamento Europeo deberá negociar su posición final con el Consejo de la UE, en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
Sobre la propuesta
La propuesta de Directiva [COM(2025) 1031 final] modifica las Directivas 2001/18/CE y 2010/53/UE en lo relativo a la comercialización de microorganismos modificados genéticamente y al procesamiento de órganos, y se enmarca en el paquete legislativo de la Ley Europea de Biotecnología.
