Ya es oficial, el plan español presentado ante la Comisión Europea ha sido aprobado en primera ronda. Desde el primer momento en que se debatió en las instituciones europeas el gran plan de recuperación Next Generation EU se instauró de manera prioritaria la necesidad de fijar en las legislaciones que lo regulan dos conceptos fundamentales: los fondos deberían promover la transformación de la economía europea tras la pandemia y tendrían un carácter de adicionalidad.
El carácter transformador es evidente, pues el propio reglamento indica los mínimos porcentuales que deben dedicarse a las transiciones ecológica y digital como elementos troncales, así como a reforzar sectores duramente castigados por la crisis como la salud o el turismo. Pero no menos evidente es la necesidad de la adicionalidad, recogida claramente en varios artículos del texto legislativo. Ese carácter extraordinario obliga a que el montante de esos fondos deba ser destinado a inversiones y programas que no estuvieran ya previstos o en ejecución, pues si lo que se pretende es transformar no se debe invertir el fondo en aquello ya programado con mucha anterioridad. Para esto ya está el presupuesto ordinario dentro del marco financiero 2021-2027. Esa adicionalidad y el hecho de recurrir a una emisión de deuda conjunta son los principales elementos que convierten a todo el Plan de Recuperación en un hecho sin precedentes en la historia de la UE.
Estas reflexiones vienen a colación al comprobar que la Xunta de Galicia ha propuesto multitud de inversiones que ya estaban previstas e incluso presupuestadas. No se sabe si en el origen de este grave error está la falta de capacidad para presentar nuevos proyectos o en satisfacer la vieja «teima» de ser campeones en el control del déficit, en un momento en que hasta el FMI anima a gastar, usando fondos transformadores para ahorrarse presupuesto propio, a riesgo de poner nuevamente en riesgo servicios públicos. O quizás el motivo haya sido contribuir a construir el relato de una «nova aldraxe» del Gobierno central, que podría verse obligado a rechazar algunos de esos proyectos de inversión por la sencilla razón de que incumplen las bases fijadas por los reglamentos comunitarios. Cualquiera de estas posibilidades mostrarían corta ambición política por el progreso de Galicia.
