“La propuesta anunciada hoy por la Comisión Europea para reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas sigue la iniciativa que adoptó España el pasado mes de septiembre para hacer frente al alza de precios de la energía”, afirmaba el eurodiputado socialista Nicolás González Casares en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del 8 de marzo.
En su intervención recordaba como el gobierno español llevaba varios meses exigiendo medidas a nivel europeo, y aplicándose a nivel estatal, para enfrentar el progresivo aumento de los precios de la energía desde principios del 2021. De hecho, el eurodiputado ya había preguntado a la Comisión Europea en agosto del año pasado si tenía prevista alguna medida o propuesta para reducir los llamados ‘windfall profits’ (beneficios caídos de cielo) de ciertas tecnologías de generación descarbonizadas. Tras esta pregunta parlamentaria, la preocupación por la cuestión energética volvía a llevar a los socialistas a pronunciarse, reiteradamente, sobre ella en los plenos del Parlamento Europeo. Así, en otoño, González Casares urgía “una respuesta coordinada europea a corto y a medio plazo”, una apuesta firme por las fuentes renovables y la revisión de las normas de funcionamiento de los mercados energéticos, además de valorar las propuestas realizadas por los Estados miembros, como la creación de una plataforma estratégica para la compra de gas apuntada por España. “Ya no solo hablamos de garantizar que la gente más humilde pueda calentar la casa o hacer frente a la factura de la luz. Hablamos de impedir un impacto general en nuestras economías que ponga en riesgo la recuperación económica y la transición energética”, incidía.
Con los precios del gas natural disparados y una dependencia energética exterior del 61%, la más alta en tres décadas, en su intervención en el debate sobre el Estado de la Unión de la Energía, en noviembre, el europarlamentario socialista creía que “se está subestimando la crisis de los precios y el impacto que tendría una prolongación de esta durante meses”. Y no se equivocaba. Apenas tres meses después la invasión rusa de Ucrania haría saltar por los aires toda previsión sobre los precios de la energía.
Siendo el 40% del gas que abastece a la Unión Europea de procedencia rusa, los primeros movimientos de la UE no se hicieron esperar tras la explosión de la guerra. “Alejarse de los combustibles fósiles y fomentar las renovables ya no es solo un deber moral para combatir el cambio climático, es la necesidad prioritaria para garantizar nuestra seguridad y modelo de sociedad”, escribía en esos días Casares en La Voz de Galicia.
Europa decidía seguir la estela marcada por el gobierno español y reducir las ganancias extraordinarias de las eléctricas para rebajar las cuantías de las facturas. Además, se adoptaba la compra conjunta de gas y se asentaban las bases del Plan REPowerEU con el que se busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y avanzar con rapidez en la transición ecológica. Este plan contempla, entre otras medidas, disminuir el consumo de energía en un 13% para 2030, acelerar la concesión de permisos para el desarrollo de renovables, impulsar la electrificación del transporte o mejorar la eficiencia energética de empresas y viviendas. “Se estima que en España se puedan crear medio millón de empleos con el impulso de la energía solar y eólica, es una gran oportunidad industrial”, explicaba el socialista Nicolás González en una entrevista en la Televisión de Galicia.
La demanda del desacople del precio del gas del de la electricidad se trasladaba una y otra vez por los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en ese intenso marzo. “Pensemos en los ciudadanos, en que les afecte lo menos posible al bolsillo la crisis que vamos a vivir por culpa de esta guerra. Lo podemos hacer conjuntamente. Ahora es el momento. Si no, mantendremos estos debates eternos aquí sobre la misma situación y con el mismo problema, pero cada vez más agudizado. Creo que es nuestra responsabilidad bajarnos a ver lo que está pasando en la ciudadanía y tomar medidas acordes con la situación actual, sobre la que también, eso sí, debemos hacer pedagogía. Estamos en una situación de guerra y tenemos que ser valientes y firmes en las decisiones”, defendía Casares en el estrado europeo.
A finales de abril y después de un arduo trabajo, el gobierno español y luso logran un acuerdo con la Comisión Europea para desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica y frenar el galope del precio de la luz. Al tiempo, España pone encima de la mesa la denominada “excepción ibérica”, que se aprobaría en junio, también para Portugal, y permitiría limitar el precio del gas natural en el mercado mayorista para paliar el impacto del aumento de precios. Una medida que, a priori, estará activa hasta el 31 de mayo de 2023.
En esta línea, este verano la Comisión ha contemplado también la “excepción ibérica” al bajar del 15% al 10% la reducción exigida de consumo de gas hasta primavera para aquellos países que demuestren que “no pueden contribuir sustancialmente” a aumentar el suministro de otros estados por falta de interconexiones energéticas. Es el caso de España y Portugal al ser inferior del 3% la conectividad eléctrica de la Península Ibérica con el mercado europeo. Con todo, deberán dejar patente que utilizan completamente sus infraestructuras para redirigir gas a otros Estados miembro. Con esta medida, la Comisión Europea busca llenar el 80% del almacenamiento subterráneo de gas de la UE antes del 1 de noviembre. “Los consumidores españoles han pagado durante años su sobrecapacidad. Eso está permitiendo ya ser solidarios con el resto de Europa. Era lógico encontrar una vía que permitiera a la península Ibérica ayudar y al mismo tiempo usar todas sus capacidades y exigir menos reducción de consumo. Sin embargo, este paso que ha dado la Comisión todavía no es suficiente para las necesidades de España”, añadió Nicolás González Casares. Respecto a la escasez de las interconexiones eléctricas en la Península Ibérica y ante el impulso de la construcción del MidCat, un nuevo gasoducto que uniría España y Francia a través de Cataluña, el eurodiputado ha destacado la necesidad de que este sea compatible con el transporte de hidrógeno verde.
Los socialistas dejan claro su compromiso con las energías renovables como la fórmula que garantice una energía limpia y una mayor independencia energética. Así lo destacaba recientemente Casares en una entrevista en France 24: “Hay que acelerar el proceso de instalación de más fuentes de energía renovable, hay que hacer un despliegue rápido, ser ambiciosos y llevarlo a cabo de una manera acelerada, pero a la vez respetuosa con el medio ambiente, con el territorio y con las personas que viven en ese territorio”.
Conscientes de las limitaciones del mercado eléctrico para hacer frente a situaciones de emergencia, y en cordinación con el destacado papel del Gobierno de España que ha demostrado un claro liderazgo ,los eurodiputados socialistas han trasladado a la Comisión Europea en diversas ocasiones la necesidad de “cambiar y reformar las reglas del mercado energético”.
