El fallo del Tribunal General de la Unión Europea confirma la legalidad de la excepción ibérica que ahorró más de 5.100 millones de euros a los consumidores españoles
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha aplaudido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que respalda la legalidad de la excepción ibérica. Gracias a esta medida, España y Portugal lograron controlar los precios de la electricidad en un contexto de crisis y ahorrarles más de 5.100 millones de euros a los consumidores españoles.
Para González Casares, esta decisión demuestra que la excepción ibérica fue “una respuesta justificada y proporcionada a la crisis energética”, ajustada a la legislación europea. “Respalda la intervención del Gobierno español en defensa de los consumidores”, explica.
El fallo del TGUE señala que la medida redujo los costes eléctricos sin comprometer la competencia y, además, apuntala la capacidad de los Estados miembros a intervenir en mercados especiales. En palabras de González Casares, “se abre la puerta a que en el futuro se pueda respaldar la intervención de los mercados en situaciones de crisis” con el fin de proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios. Un enfoque ya defendido en la nueva regulación del mercado eléctrico europeo, liderada por Casares y aprobada el año pasado tras largos meses de negociaciones.
Esta sentencia llega en un momento crucial. Coincide con la puesta en marcha del Clean Industrial Deal (Pacto Industrial Limpio), crucial para regular la transición energética e industrial en Europa y cumplir con los objetivos climáticos de los Veintisiete.
Para González Casares, la decisión del TGUE constata como la política energética del Gobierno español, ajustándose a la normativa europea, fue capaz de reducir el coste de la electricidad de manera justa.