La Unión Europea abre la puerta a España y Portugal para intervenir temporalmente en el mercado eléctrico y poder aliviar la carga de consumidores y empresas
El verano pasado, el precio de la electricidad iniciaba una escalada sin precedentes y batía máximos históricos. El aumento de la demanda mundial de energía, particularmente del gas, al tiempo que se aceleraba la recuperación económica tras el impacto de la COVID-19, provocaba que la factura eléctrica se incrementara a golpes agigantados, dado que el efecto de la subida de los precios del gas en los precios de la electricidad es nueve veces mayor que la del CO2 en el Sistema Europeo de Derechos de Emisiones (EU ETS).
Ante esta situación, el Gobierno español ya instaba a Europa a repensar el mercado energético. En junio, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, se dirigía a Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para reiterar la necesidad de reformar el modelo de negocio de la energía y el mercado mayorista marginalista, en el que la fijación de los precios se hace al alza y provoca que el incremento en el valor del gas dispare la factura de la luz. Además, dificulta que los bajos costes de la energía procedente de fuentes renovables repercutan en una rebaja del recibo eléctrico, a pesar de que representen el 45% del total de energía generada y los combustibles fósiles solo entre el 10% y el 12%.
La vicpresidenta Ribera ya apuntaba a Putin como a uno de los causantes de la alarmante subida de precios por el déficit de suministro de gas y el vaciado de algunos depósitos de ese combustible fósil en la UE y alertaba de la dimensión del problema de la pobreza energética en la Unión Europea y exigía un reparto justo de los “beneficios asociados a la transformación del mix de generación”, puesto que centrales eléctricas no emisoras de CO₂, anteriores a la adopción del ETS (el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea) estaban obteniendo dividendos extra por ahorrar uno CO₂ que no emiten.
Demandas de las que también el Grupo de los Socialistas y Demócratas se hacía eco en el Parlamento Europeo, pidiéndole a la CE que adoptara un plan para mitigar el impacto del aumento de los precios de la energía. “Este es un debate fundamental y urgente. Necesitamos medidas tanto estructurales como a corto plazo. El precio de la electricidad no es un problema nacional. Las reglas se establecen a nivel europeo, por lo que las soluciones a esta crisis también deben ser europeas”, defendía la presidenta del Grupo S&D, Iratxe García Pérez.
Escasamente un mes después, el Congreso de los Diputados aprobaba una rebaja del IVA de la luz, que descendía del 21% al 10%. En esos días calurosos, en Portugal, Italia o Grecia los precios de la electricidad también batían récords. En España, agosto registraba ocho máximos y finalizaba el mes con una media de 105,94 euros, un 14% más que en julio y el triple que el año anterior. ¿Las causas? Ese aumento del precio del gas, mencionado anteriormente, y en menor medida la escalada de los derechos del CO₂. Por aquel entonces desde mi labor parlamentaria ya dirigía dos preguntas a la Comisión Europea ante la imparable subida de precios de la electricidad en una alertaba sobre la escalada que se estaba produciendo y sobre los llamados «beneficios caídos del cielo» y en la otra sobre la falta de interconexiones de la Península Ibérica. Además en diferentes intervenciones plenarias aludía a que la subida del precio del gas había roto el mercado: «Nos encontramos con dos niveles de precios —fósiles y no fósiles— que están totalmente alejados. Los primeros están disparados y los segundos son asequibles y estables, y eso está provocando beneficios que no son justificables. La situación es excepcional y debemos estudiar con flexibilidad las propuestas de los Estados miembros»
Desde el Gobierno volvían a urgir una reforma del mercado eléctrico y la respuesta de Bruselas era una negativa a la intervención en el precio de la luz. La Comisión Europea alegaba que las normas del mercado energético eran “imprescindibles” para ajustar el patrón de generación y consumo de la energía. Mantenía que el objetivo de estas medidas era “establecer un umbral de dolor económico que ayude a reducir el consumo, a mejorar la eficiencia energética de viviendas y electrodomésticos o a buscar los suministradores más baratos”. No obstante, tal y como recoge el informe de la CE sobre los precios de energía de octubre de 2020, el gasto de los hogares en esta área cayó desde 2012. En España, los hogares con menos recursos destinaban el 5% de sus ingresos a pagar la factura energética en el año 2010, y en el 2017, el 5,3%. Para las familias con una renta media y alta este porcentaje se viene manteniendo alrededor del 4% o el 3%.
Además de un mercado mayoritario marginalista, nuestro país tiene que hacer frente a otras dos problemáticas en materia energética. Por una parte, el bajo volumen de interconexiones: la conectividad eléctrica de la Península Ibérica con el mercado europeo es del 2,8% y con países vecinos, como Francia, también es menor al 3%, aunque la meta era llegar al 10% en 2020 y al 15% en 2030. Por otra, el mercado eléctrico minorista está copado en un 65% por tres grandes eléctricas y ninguna otra tiene un peso mayor al 5%, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las interconexiones eléctricas son garantía de seguridad en el suministro de energía entre países. Permiten generar electricidad más barata a largo plazo, integrar las renovables en el mix energético y, por lo tanto, impulsar la descarbonización del modelo energético. Su escasa presencia en nuestro país, junto al gran despliegue de las energías renovables en él, llevó a la Unión Europea, ras los constantes esfuerzos del Gobierno español, a reconocer recientemente a España y a Portugal como una “isla energética”, dándoles luz verde para intervenir temporalmente en el mercado energético y poder aliviar la carga de consumidores y empresas.
Así, este jueves ambos países lanzaban su primera propuesta a la Comisión Europea: limitar el precio del gas a 30 euros por megavatio hora hasta el 30 de diciembre de 2022. Un precio considerado “normal” antes de la invasión rusa de Ucrania. Se les aplicaría a las centrales de ciclo combinado a gas, a las centrales de carbón y a las cogeneraciones del mix eléctrico. Hay que recordar que el 45% del gas que importa la UE procede de Rusia, así como el 25% del petróleo y el 45% del carbón.
Desde el verano de manera persistente y demostrando el valor que los socialistas le dan al marco europeo , el Gobierno español pretendió un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea para intervenir, de forma conjunta, el mercado eléctrico. En el Consejo extraordinario de Versalles de principios de marzo los Estados Miembros encargaron a la Comisión Europea propuestas para ver como abordar la subida de precios de la electricidad.Ahora, tras el Consejo Europeo del pasado 25 de marzo se ha abierto la puerta a medidas temporales específicas para la Península Ibérica que pasarán por desacoplar los precios del gas de los precios de la electricidad fruto de un intenso trabajo del Presidente del Gobierno que además de su tenacidad en el cónclave de líderes previamente fue reclutando aliados por las diferentes capitales europeas tras recibir en Madrid a la Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyén.
Medidas para frenar los precios de la electricidad: los meses clave
El 14 de septiembre el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley para rebajar el precio de la electricidad. Entre las actuaciones anunciadas, beneficiosas para los consumidores, las pymes, el tejido industrial, el medio ambiente y los territorios productores, destacaban:
- Rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta finales de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que graba con un 7% a la generación.
- Aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO₂ destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.
- Aminorar temporalmente los ingresos extraordinarios que provoca la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.
- Incrementar la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales al cuatro ya existentes.
- Crear un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazos, que beneficiará especialmente al tejido industrial.
Tras las medidas tomadas por el Gobierno español, la Comisión Europea decidía adoptar una batería de medidas para afrontar la subida de los precios de la energía un mes después, el 13 de octubre. Las medidas a poner en marcha de forma inmediata tenían como destinatarios a los consumidores más vulnerables y a las empresas. Entre ellas se encontraba el apoyo de emergencia a hogares en situación de pobreza energética con vales o pagos parciales de facturas, que se pueden financiar con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, o las ayudas a empresas e industrias.
A medio plazo, las medidas tienen como objetivo lograr la descarbonización del sistema energético y reforzar su resilencia. Intensificar las inversiones en energías renovables, renovaciones y eficiencia energética o impulsar el papel de los consumidores en el mercado de la energía son algunas de estas medidas.
Las tensiones en Ucrania, que derivó en la invasión rusa del país, agudizaron la problemática existente y volvió a poner de manifiesto la necesidad de poner en marcha, conjuntamente, mecanismos que dieran solución a los defectos estructurales del modelo energético.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así se lo trasladaban a la Comisión Europea a través de una misiva. Insistían en limitar el precio de la electricidad generada a partir del gas natural, proponían que el Banco Europeo de Inversiones proporcionara aval público para la compraventa de energía (como lo está haciendo el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas) y animaban a favorecer la participación social y su apoderamiento en materia energética, entre otras medidas.
Ante este contexto de guerra, la CE presentaba a comienzos de marzo un esbozo del plan europeo para ganar en independencia energética y estabilizar los precios de la energía. Sumadas a las medidas adoptadas en octubre, la Comisión Europea confirmaba la posibilidad de regular los precios en circunstancias excepcionales y de que los Estados miembros pudieran redistribuir entre los consumidores los ingresos procedentes de los elevados beneficios del sector energético y del comercio de derechos de emisión. También proponía crear un plan REPowerEU, que aumente la resiliencia del sistema energético sobre dos pilares: diversificar el suministro de gas mediante mayores importaciones de gas natural licuado y gasoductos no procedentes de proveedores rusos, y aumentar el volumen de producción e importación de biometano e hidrógeno renovable; y reducir el uso de combustibles fósiles, impulsando la eficiencia energética, aumentando las energías renovables y la electrificación. El plan REPowerEU permitiría eliminar, por los menos, 155.000 millones de metros cúbicos de uso de gases fósiles, lo que equivale al volumen importado de Rusia el año pasado.
En este mes que arranca, la CE también tiene previsto presentar una propuesta legislativa urgente que obligue a garantizar que el almacenamiento subterráneo de gas alcance un mínimo del 90 % de su capacidad para el 1 de octubre de cada año ,una propuesta ya previamente esbozada por nuestro país en su propuesta de otoño de 2021 de compra conjunta de gas , y se espera con muchísima expectación el informe de ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) para este 28 de abril sobre los altos precios y el diseño del mercado eléctrico que posiblemente dará lugar a una reforma legislativa de las reglas del mercado eléctrico aunque no se espera que desmonte el sistema marginalista de elaboración de precios.
Ahora España y Portugal tendrán que enviar sus propuestas que ahora serán detenidamente estudiadas por la Comisión Europea y no parece muy probable que se apruebe la «excepcionalidad ibérica» antes de la presentación del informe de ACER pero en cualquier caso se evidencia que España ,conjuntamente con Portugal y otros países han trabajado intensamente por abordar el alto precio de la electricidad que es una de las principales causas de la gran inflación que estamos sufriendo agudizada de manera alarmante tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, uno de los principales provedores energéticos de la UE.
