El Pleno rechaza la objeción presentada por el Partido Popular Europeo contra la propuesta para fijar un límite temporal a la práctica del stiffening
Con 403 votos en contra, 28 abstenciones y 179 votos a favor, el Parlamento Europeo rechazó la objeción presentada por el Partido Popular Europeo contra el reglamento delegado de la Comisión, de 14 de diciembre de 2023, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 853/2004 en lo relativo a los requisitos de higiene de productos cárnicos, de la pesca, lácteos y huevos, entre los que se incluye fijar un límite temporal a la práctica del stiffening, una técnica utilizada para facilitar el loncheado de los pescados ahumados (especialmente en el caso del salmón) enfriándolos, a un máximo de 96 horas.
«El Parlamento ha cumplido con su deber al rechazar la objeción presentada por la derecha, lo cual fortalece la competencia justa en el mercado y garantiza la salud de los ciudadanos», afirmó el eurodiputado Nicolás González Casares. Pues si bien esta práctica es legal cuando se utiliza correctamente, almacenar o transportar el pescado congelado durante largos periodos sin informar a los consumidores es ilegal y fraudulento.
Con este reglamento delegado se espera «poner coto a prácticas fraudulentas, que constituyen un engaño a los consumidores, al venderles como fresco un producto que no lo es», proteger la salud de los consumidores y promover la competencia justa. «Lamento que la derecha europea se haya posicionado a favor del fraude y en contra de la competencia justa, en una muestra más de su deriva hacia posiciones populistas y anti-ciencia contrarias a los intereses de los consumidores», añadió González Casares.
Tanto la asociación europea del sector -la European Salmon Smokers Association-, como los fabricantes españoles respaldan la medida de limitar temporalmente la práctica del stiffening con la que se busca reducir prácticas fraudulentas que se llevan a cabo en algunos países, como Polonia, donde se mantiene el pescado congelado durante largos periodos sin informar a los consumidores.
La Delegación Socialista Española ha apoyado esta medida desde el principio, argumentando que contribuirá a combatir prácticas fraudulentas y proteger a los consumidores.
